Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en un escrito dirigido a este Ministerio, en el que señala que la reforma debe servir para establecer la “prohibición absoluta de espectáculos y eventos taurinos que utilicen a personas con discapacidad como protagonistas o participantes para suscitar o provocar la diversión o el placer del público, al vulnerar gravemente la dignidad y los demás derechos de esta parte de la ciudadanía”.

 

En este sentido, el CERMI denuncia que la celebración de este tipo de espectáculos atenta contra los principios fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por el Estado español, y por tanto, parte del ordenamiento jurídico nacional.

 

Por su parte, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha expresado su preocupación sobre este aspecto, mientras que la Comisión Mixta de las Cortes Generales de la Unión Europea ha aprobado una declaración institucional urgiendo a acabar con estos eventos e instando a proporcionar salidas laborales diferentes a las personas que han participado en estos espectáculos.

 

Pese a estos mandatos, se siguen llevando a cabo espectáculos que denigran la imagen de las personas con displasias óseas, “la mayor parte de las veces contratados por las administraciones públicas, especialmente corporaciones locales, con motivo de ferias y fiestas”.

 

 

Por otro lado, la plataforma representativa de la discapacidad en España alerta también de que estos actos contribuyen a mostrar a los menores que acuden a estos espectáculos que es “correcto burlarse de estas personas” por sus características físicas.

 

Para acabar con esta situación, además de modificar el Reglamento de Espectáculos Taurinos, el CERMI urge a reformar el Convenio colectivo nacional taurino, así como a incluir en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana un nuevo apartado que prohíba eventos “que denigren la condición humana, entre otros motivos, por discapacidad”.

 

“La sociedad, históricamente, ha legitimado la burla al ‘enano’, pero como también dice la Convención en su artículo 4 de ‘obligaciones generales’, los Estados deben tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad", concluye el CERMI.